La Masacre de Trelew

El 15 de agosto de 1972, en la postrimería del gobierno dictatorial del general Alejandro Agustín Lanusse, veinticinco presos políticos pertenecientes al PRT-ERP (Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo); las FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias) y Montoneros, se fugaron del penal de Rawson en la provincia de Chubut. Seis de ellos lograron llegar al Chile de Salvador Allende. Diecinueve no alcanzaron a subir al avión. Se entregaron luego de acordar públicamente garantías para su integridad física. El 22 de agosto los diecinueve prisioneros fueron fusilados a mansalva con ráfagas de ametralladoras en la base naval Almirante Zar. Como antes había sucedido en la masacre de José León Suárez, algunos sobrevivieron para contar la historia, para mantener viva la memoria, para no olvidar, ni perdonar.

Evasión

El 15 de agosto a las 18:30 horas comenzó un masivo intento de fuga de la cárcel de Rawson, ciudad capital de Chubut, provincia de la patagonia argentina. Durante la fuga Marcos Osatinsky mató al guardiacárcel Juan Gregorio Valenzuela que se resistió. Lograron su objetivo solamente dos grupos, uno de 6 y otro de 19 de los más de cien reclusos miembros de las organizaciones armadas Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y Montoneros.

El jefe del operativo era Mario Roberto Santucho, del Partido Revolucionario de los Trabajadores, aunque algunas declaraciones -especialmente la de Fernando Vaca Narvaja, único sobreviviente de ambos grupos de evadidos- afirman que Marcos Osatinsky (de las FAR) había comenzado a planificar la fuga antes de que Santucho llegue al penal.
Estos dos dirigentes junto a Fernando Vaca Narvaja, Roberto Quieto, Enrique Gorriarán Merlo y Domingo Menna integraban el denominado Comité de fuga, y fueron los únicos que pudieron huir rápidamente en un automóvil Ford Falcon que los esperaba, y trasladarse al aeropuerto de Trelew para abordar una aeronave comercial BAC 1-11 de la empresa Austral, previamente secuestrada por un comando guerrillero de apoyo, cuyos integrantes -entre los que se encontraban Víctor Fernández Palmeiro (el "Gallego", del ERP) y Anita Weissen, de FAR, viajaban como pasajeros.
Los demás vehículos de transporte que debían esperar al resto de fugados no se hicieron presentes en la puerta de la cárcel debido a una confusa interpretación de las señales preestablecidas. Sin embargo, un segundo grupo de 19 evadidos logró arribar por sus propios medios en tres taxis al aeropuerto, pero llegaron tarde, justo en el momento en que la aeronave despegaba rumbo al vecino país de Chile, gobernado entonces por el socialista Salvador Allende.

Recaptura

Al ver frustradas sus posibilidades, luego de ofrecer una conferencia de prensa este contingente depuso sus armas sin oponer resistencia ante los efectivos militares de la Armada que mantenían rodeada la zona, solicitando y recibiendo públicas garantías para sus vidas en presencia de periodistas y autoridades judiciales.
Una patrulla militar bajo las órdenes del capitán de corbeta Luis Emilio Sosa, segundo jefe de la Base Aeronaval Almirante Zar, condujo a los prisioneros recapturados dentro de una unidad de transporte colectivo hacia dicha dependencia militar. Ante la oposición de éstos y el pedido de ser trasladados de regreso nuevamente a la cárcel de Rawson, el capitán Sosa adujo que el nuevo sitio de reclusión era transitorio, pues dentro del penal continuaba el motín y no estaban dadas las condiciones de seguridad.
Al arribar el contingente al nuevo destino de detención, el juez Alejandro Godoy, el director del diario Jornada, el subdirector del diario El Chubut, el director de LU17 Héctor "Pepe" Castro y el abogado Mario Abel Amaya, quienes acompañaban como garantes a los detenidos, no pudieron ingresar con ellos y fueron obligados a retirarse.
El espectacular intento de fuga y el éxito parcial de los seis máximos jefes guerrilleros, que más tarde lograron un salvoconducto para huir desde Chile hacia Cuba, tuvieron al gobierno militar de la autoproclamada Revolución Argentina y a la opinión pública en vilo durante tensos días. El sentimiento generalizado era que se tomarían cruentas represalias a manera de escarmiento contra los demás protagonistas de la fuga, en caso de no lograrse la repatriación de los seis jefes guerrilleros evadidos.
Debido a esta percepción, en la mañana del 17 de agosto el Partido Justicialista envió un telegrama al ministro del interior Arturo Mor Roig (parte de la mesa directiva del Partido Radical) con el siguiente texto: "Reclamamos respeto derechos humanos presos políticos unidad carcelaria Rawson responsabilizándolo por su integridad física amenazada por medidas de represión".

Fusilamiento

Mientras el gobierno de Alejandro Agustín Lanusse intentaba presionar por todos los medios al presidente de Chile Salvador Allende para que deportara a los fugados en calidad de prisioneros, toda la zona de Rawson y Trelew era virtualmente ocupada por fuerzas militares del ejército y gendarmería, quienes patrullaban continuamente y hacían prácticamente imposible cualquier nuevo intento de fuga. La propia Base Aeronaval de Trelew mantenía una numerosa dotación de tres mil efectivos de la Armada. Regía en toda la zona un estado de máxima alerta, todo lo cual hacía impensable reintentar otra operación de evasión.

En un clima de absoluto hermetismo y gran tensión, la noche del 21 de agosto permanecían reunidos en la Casa de Gobierno los miembros de la Junta de Comandantes en Jefe de las tres fuerzas armadas, colaboradores y ministros. No se brindó ninguna información a los periodistas que aguardaban noticias.

Esa misma noche, a las 03:30 horas del 22 de agosto, en la Base Naval Almirante Zar, los 19 detenidos fueron sorpresivamente despertados y sacados de sus celdas. Según testimonios de los tres únicos reclusos sobrevivientes, mientras estaban formados y obligados a mirar hacia el piso fueron ametrallados indefensos por una patrulla a cargo del capitán de corbeta Luis Emilio Sosa y del teniente Roberto Bravo, falleciendo la mayoría en el acto, y algunos heridos fueron rematados con armas cortas en el piso. Luego, al terminar los disparos, los siete sobrevivientes son llevados a la enfermería, pero no se les presta ningún tipo de asistencia médica. Los únicos tres sobrevivientes fueron trasladados al día siguiente a Puerto Belgrano, donde fueron intervenidos.
La versión oficial del suceso indicaba que se había producido un nuevo intento de fuga, con 16 muertos y tres heridos entre los prisioneros, pero sin bajas en las filas de la Marina.
La misma noche del 22 el gobierno sancionó la ley 19.797 que prohibía toda difusión de informaciones sobre organizaciones guerrilleras. En los días sucesivos, hubo manifestaciones en las principales ciudades de la Argentina, y numerosas bombas fueron colocadas en dependencias oficiales como protesta por la matanza.

Los fallecidos fueron:
Alejandro Ulla (PRT-ERP)
Alfredo Kohon (FAR)
Ana María Villarreal de Santucho (PRT-ERP)
Carlos Alberto del Rey (PRT-ERP)
Carlos Astudillo (FAR)
Clarisa Lea Place (PRT-ERP)
Eduardo Capello (PRT-ERP)
Humberto Suárez (PRT-ERP)
Humberto Toschi (PRT-ERP)
José Ricardo Mena (PRT-ERP)
María Angélica Sabelli (Montoneros)
Mariano Pujadas (Montoneros)
Mario Emilio Delfino (PRT-ERP)
Miguel Ángel Polti (PRT-ERP)
Pedro Bonet (PRT-ERP)
Susana Lesgart (Montoneros)

Heridos que lograron sobrevivir:
Alberto Miguel Camps (FAR - Desaparecido luego en 1977)
María Antonia Berger (FAR - Desaparecida en 1979)
Ricardo René Haidar (Montoneros - Desaparecido en 1982)

El parco comunicado oficial del gobierno al respecto fue brindado a la prensa por el contralmirante Hermes Quijada, jefe del Estado Mayor conjunto, quien a los pocos meses, el 30 de abril de 1973 fue asesinado a balazos en el céntrico barrio del Congreso (ciudad de Buenos Aires) por Víctor José Fernández Palmeiro del ERP (alias "el gallego") desde una motocicleta, quien a su vez cayó muerto por los disparos del chofer del militar.
En líneas generales, la explicación del gobierno mencionaba que al realizar el jefe de turno (capitán Luis Sosa) una recorrida de control en el alojamiento de los presos, mientras éstos se encontraban en un pasillo, fue atacado por la espalda por Mariano Pujadas, quien habría logrado sustraerle su pistola ametralladora. Escudándose en el oficial los presos intentaron evadirse, pero el marino logró liberarse y fue atacado a tiros, resultando herido. En tal circunstancia -y siempre según los dichos del almirante- la guardia contestó el fuego contra los reclusos y se inicia así un intenso tiroteo, con los resultados conocidos: de los 19 reclusos, 16 fueron muertos y 3 heridos graves. Las obvias preguntas al respecto que realizaron los periodistas ante esta inverosímil declaración no fueron respondidas. Inclusive cuando se le preguntó si el capitán Sosa estaba realmente herido, el almirante Quijada respondió: "No puedo contestar. Es secreto de sumario".

El silencio de la Marina

La base Almirante Zar de la Marina, donde se asesinó a los 16 guerrilleros


Por Osvaldo Bayer

Cuesta pensarlo, cuesta finalmente entenderlo. Y no se entiende. La ferocidad, la brutalidad, la vocación del crimen. ¿Qué calificativo cabe para sus autores? En una Argentina católica, apostólica, romana. Donde todos los miembros de nuestras fuerzas armadas, sin excepción, han tomado la primera comunión y por supuesto se han casado por la iglesia, y se confiesan regularmente. Lo de Trelew es sólo imaginable en Siberia, en un relato de Dostoiewski. Diecinueve prisioneros –mujeres y hombres, todos jóvenes; Ana María Santucho, encinta de ocho meses– son mantenidos en calabozos, molestados, desnudados, maltratados, para luego fusilarlos impunemente. Los fusiladores son oficiales y suboficiales de la Marina de Guerra. Mientras se asesina a los presos, se los insulta. ¿Qué educación recibieron esos marinos? ¿Qué conducta llevaban y llevan esos marinos en sus hogares?
Después del bárbaro asesinato, la mentira. Se inventa una subversión, se aplica la ley de fugas. Los comunicados de los altos jefes de la Marina, aceptados y elogiados por el propio presidente de la Nación, general Lanusse, hombre probo y religioso, según sus biógrafos.
Pero, ¿y después? ¿Qué se hizo después cuando retornó la democracia?: ¿se juzgó a los asesinos? ¿Se esclareció el hecho hasta sus últimas consecuencias? No, nada de eso, todo siguió su camino habitual. Los muertos, muertos están. Al contrario, se protegió a los dos asesinos máximos del hecho: el capitán de corbeta Luis Emilio Sosa y el teniente de fragata Roberto Guillermo Bravo fueron enviados a la embajada argentina en Washington a "hacer cursos". Hoy los asesinos estarán paseando sus nietos por los parques de la Recoleta con una buena pensión en el bolsillo. De los 16 jóvenes asesinados en forma tan vil, queda esa última foto. En el aeropuerto de Trelew. Están todos expectantes. Entre la vida y la muerte. Tienen un rasgo de nobleza que los marinos de guerra pagarán con falsa moneda. Los revolucionarios no toman rehenes para después negociarlos por su libertad. No. Prefieren entregarse y no crear más problemas. Ya se ha llegado al pacto: ellos se entregan y el capitán de corbeta Sosa los devolverá al penal de Rawson. Pero el marino de guerra argentino los traiciona como lo pudiera sólo hacer un villano de la peor especie... El transporte se dirigirá directamente a la base naval del lugar. Allí los asesinarán.
No hubo ningún oficial de la Marina de Guerra que protestara o pidiera la baja ante tal ignominia realizada por jefes de esa arma. Todos se callan la boca. Y tal vez aplaudan la ignominia. Después serán proclamados "héroes de Malvinas" por Hadad en Radio Diez. El ministro del Interior de ese gobierno de Lanusse es nada menos que el radical Mor Roig, íntimo de Ricardo Balbín. Mira hacer y se calla la boca. Igual que el tuerto Gómez, ministro de Yrigoyen cuando el Ejército Argentino fusiló a centenares de gauchos, peones rurales, en la Patagonia. Los dos ministros radicales no oyeron, no vieron, no comentaron. Tradición democrática. Traición a la República.
Pero la valentía armada de esa tragedia tendrá su fin operístico de máxima cobardía. Serán atacados con tanques los velatorios de los fusilados. Además nuestra valiente policía al mando del comisario general Villar les sacudirá una paliza indecible a las madres y hermanas de los fusilados, que defienden a sus muertos. Esa orden la dio el general Sánchez de Bustamante, que ganó esa única batalla de su vida contra los deudos de los asesinados y las velas de luto. Ah, general, con ese apellido, usted ha pasado para siempre a la historia del ejército sanmartiniano.
Las heroicas avanzadas de la Patria se llevaron hasta los ataúdes. Siempre en perfecto orden y con gesto altruista. No será éste hoy un análisis ni histórico ni sociológico. Expresará toda nuestra sorpresa ante el proceder sanguinario y traidor de la Marina de Guerra argentina. Y la profunda torpeza y oportunismo que atestiguan el hecho de que el último decreto de Lanusse como presidente de facto será otorgarle un sobresueldo especial al capitán de corbeta Sosa y al teniente Bravo para que la pasen bien en Estados Unidos. Así terminó su mandato Lanusse, mandato que había robado a la democracia argentina. Un final muy digno del señor general.
Hemos querido hacer un análisis ético, en esta Argentina de hoy sin ética. Si todavía se tiene dignidad habría que obligar al comandante de la Marina, a hacer un juicio de la verdad acerca del crimen de Trelew. Es la propia Marina la que tiene que dejar en claro quiénes fueron los responsables y los culpables directos. Alejar para siempre de ese cuerpo uniformado a los asesinos calificándolos de indignos traidores a la Patria. Y en la base naval almirante Zar de Trelew levantar una escultura que recuerde la tragedia del cobarde fusilamiento de prisioneros. Y que en esa escultura se haga alusión precisamente a que entre los asesinados figuraba una criatura a quien le faltaba apenas un mes para nacer del vientre de la joven Ana Villarroel de Santucho.

Luis Emilio Sosa, el fusilador

Sosa, el capitán de corbeta. Sosa, el que se comprometió -en presencia de un juez y frente a testigos- a trasladar a los evadidos nuevamente al penal de Rawson, Sosa, el que les garantizó que no los recluiría en la Base Aeronaval Almirante Zar. Sosa, el que se mostró ofendidísimo cuando los presos políticos le manifestaron que su negativa a quedar detenidos en una base de la Marina obedecía a experiencias personales de torturas y vejámenes por parte de personal de esa fuerza. Sosa, el mismo que se asombró porque alguien pudiera temerle. Sosa, el mismo que traicionó su palabra de ¿honor? y apenas los diecinueve jóvenes se entregaron, después de deponer sus armas, los subió a un colectivo para hacer exactamente lo opuesto a aquello que había pactado. Sosa, el que se sintió dueño y señor de hacer su voluntad y que los depositó, seguramente con regocijo, en la Base Aeronaval donde consumaría su masacre.


El asesino de Trelew
Capitán de Corbeta Luis Emilio Sosa
¿Quién es este Sosa ¿Dónde está? Sosa? ¿Dónde lo escondieron? El capitán de corbeta Luis Emilio Sosa recibió adiestramiento en Fort Gulick, Panamá.
¿Lo adiestraron para qué? Para ser un idóneo en la "lucha antiguerrillera".
Aprendió bien.
Cuando mata, mata.

Ahora, para mentir hace falta un poquito de inteligencia, y de eso no pudieron inyectarle en Fort Gulick.
En la revista Marcha, del 8 de setiembre de 1972, en la nota titulada Trelew.. la obra de los marines, Martín Virasoro refiere, con bronca contenida pero explícita, la insólita versión suministrada por el capitán de corbeta de que los evadidos habían muerto en un intento de fuga en un relato totalmente inverosímil, al que Virasoro describe como "cuento infantil el relato del militar que asevera que "el guerrillero Pujadas, mediante un golpe de karate lo arrojó al suelo (a Sosa) y le quitó el arma, no obstante lo cual él, Sosa, logró zafarse y dio la orden de reprimir suena raro definitivamente". Y continúa: "Diecinueve a cero es una cifra concluyente para estimar que Sosa es una especie de Batman, si no fuese porque corresponde simplemente denominarlo con el nombre correcto: criminal, asesino, psicópata. Pujadas y el resto del grupo, incluida la mujer de Santucho, grávida de ocho meses, sabían perfectamente que no tenía sentido alguno pretender huir, como lo asevera la versión oficial. Ni estando completamente locos podrían tener la esperanza de que, dada la voz de alarma, pudiesen hacer nada, aun con una metralleta, contra los dos mil hombres de la guarnición, contra los tanques, los carriers, las tanquetas. Y menos todavía en la inhóspita zona a la que debían ingresar, supuesto de que hubiesen logrado salir de la Base. Por eso soportaron todas las provocaciones, escupitajos incluidos del capitán Sosa El cronista de Marcha saca la conclusión más coherente: "Sosa la pensó bien, No debía haber soldados conscriptos. Sólo oficiales y suboficiales de los más fieles, los más gorilas. Por eso eligió la hora que eligió. Nada de testigos que, al volver a ser civiles al terminar la conscripción, no puedan con su conciencia y refieran la verdad. De todos modos la imaginación gorila es corta para todo lo que no sea represión y violencia.

La entrega en el aeropuerto. Fragmento de la película Trelew

De ahí que, alrededor de las 4 de esa madrugada, cuando Lanusse fue despertado telefónicamente por el general Betti, quien le refirió la primera versión (la de Sosa), estalló en los más gruesos improperios del repertorio de la caballería y los coronó con preguntas tales como: ¿Ni siquiera cinco heridos, general?; ¿cómo, tampoco uno solo entre los nuestros con heridas ¿Qué le vamos a decir al país ahora?-.
Aunque a las Fuerzas Armadas nunca les importó dar explicaciones creíbles, la de Sosa era tan pueril que hasta a los más recalcitrantes representantes de la dictadura los dejaba sin respuestas. Cuando el contralmirante Hermes Quijada concluyó de brindarle a la prensa otra versión oficial (parecida, pero diferente), un periodista le preguntó si Sosa estaba herido. La respuesta de Quijada -que como se recordará tuvo su bautismo como aviador naval ametrallando a los civiles en la Plaza de Mayo el 16 de junio de 1955- sonó tan absurda como la versión: "No puedo contestar. Es secreto de sumario". La nota de Virasoro concluye con una gráfica sentencia: "El capitán de corbeta Sosa no es un torturador, no le gusta eso. Prefirió el nombre de asesino".
Y a Sosa, el fusilador, no se lo volvió a ver por los alrededores de Trelew. Ni por ningunos otros alrededores. Se tejieron muchas versiones: que la Marina lo guardaba" para protegerlo era una de ellas. Otra decía que lo "guardaba" para utilizarlo en situaciones similares, que era un "duro" entrenado para "misiones especiales" (léase asesinar a víctimas indefensas). Lo cierto es que no se supo nada de él.
Pero el Boletín Oficial de la República Argentina, que registra a diario los textos de decretos, leyes y resoluciones del Gobierno, publicó en junio del 73 el último decreto firmado por Lanusse a sólo veinticinco días de entregar el poder: el 30 de abril de 1973 la dictadura lanussista parió el decreto 3.495 cuyo el texto completo dice: VISTO, lo informado por el señor comandante en jefe de la Armada y lo propuesto por el Ministerio de Defensa y CONSIDERANDO: que es muy conveniente para la Armada Argentina que un oficial jefe realice el curso de infantería para Infantería de Marina, en los Estados Unidos de América; que por la naturaleza de la comisión, la misma no puede ser cumplida por integrantes de nuestra representación diplomática, debiendo estar integrada por personal seleccionado, teniendo en cuenta la necesidad de una continuidad de la experiencia que se obtenga y su futura actividad dentro del servicio; que la fecha de iniciación de la presente comisión está prevista a partir del 15 de mayo de 1973, con una duración de trescientos sesenta y seis (366) días, incluyendo los tiempos de traslados."que tal providencia se halla incluida en el programa de viajes al exterior - Armada Argentina- año 1973, a elevarse oportunamente al Poder Ejecutivo; Por ello, el Presidente de la Nación Argentina decreta:

Artículo 1º - Nómbrase para prestar servicios en la Agregaduría Naval a la Embajada de la República Argentina en los Estados Unidos de América y Canadá en "misión transitoria" y por el término de trescientos sesenta y seis (366) días, al señor capitán de corbeta de Infantería de Marina don Luis Emilio Sosa, a fin de que realice el curso de infantería para Infantería de Marina.

Artículo 2º - El citado oficial jefe, percibirá en compensación de todo gasto, hasta un máximo diario de cuarenta dólares estadounidenses (u$s 40).

Artículo Y - Los gastos que demanda la presente comisión deberán ser imputados a la partida del ejercicio 1973 que se indica: 2. 10; 52; 0.379; 1; 1233; 228; 01; 2.10; 52; 01; 0.379-1 1; 12; 1223; 2371, 13.
Artículo 40 - En las oportunidades que lo solicite el Comando en Jefe de la Armada, se procederá a girar los importes correspondientes a los haberes mensuales respectivos Artículo 5º - Por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, se extenderá el pasaporte correspondiente.

Artículo 6º - Comuníquese, publíquese dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial, al Tribunal de Cuentas de la Nació y a la Contaduría General de la Nación. anótese ,, archívese en el Ministerio de Defensa. Comando en Jefe de la Armada.

Dirección General del Personal Naval. Agustín LANUSSE, Carlos G.N. CODA, Eduardo E, AGUIRRE OBARRIO, Eduardo F. MCLOUGLILIN.
La revista Marcha, que en su edición del 30 de junio del 73 lo publicó íntegro, con el título de El último decreto de Lanusse hizo los siguientes comentarios: "Lanusse era Comandante en Jefe del Ejército; Coda, su colega en la Armada nacional; Agarre Obarrio, ministro de Defensa nacional; y McLouglilin, ministro de Relaciones Exteriores y Culto. El capitán Sosa era segundo jefe de la base aeronaval Almirante Zar, de Trelew, Chubut, la madrugada del 22 de agosto de 1972, cuando fueron fusilados a mansalva, sin juicio previo y sin aviso, dieciséis presos políticos, salvándose milagrosamente otros tres aunque con graves heridas. El valiente y pundonoroso marino, que ya había recibido instrucción "antiguerrillera" en bases de Estados Unidos con antelación a su hazaña del 22 de agosto, fue el oficial jefe que dirijio la matanza. Cumplido su patriótico deber, descansará de sus fatigas occidentales y cristianas en otra base yanqui, lejos de las miradas acusadoras de sus compatriotas y camaradas de oficio. El reposo del guerrero".
La pregunta que cabe es sobre qué antecedentes se lo consideró a Sosa "personal seleccionado" y, en todo caso, seleccionado para qué. Lo que es obvio, a la luz de los años de plomo que se vivirían en la Argentina, es para qué las Fuerzas Armadas sentían como imprescindible la necesidad de una continuidad (de la experiencia que se obtenga y su futura actividad dentro del servicio. En particular de los Sosa que repetirían una y otra vez, treinta mil veces, su accionar de machos bravíos.
Como para ratificar que Sosa aún continuaba en su período de reinstrucción antiguerrillera en una base yanqui, un escrito presentado en 1974 por el doctor Jorge Carlos Ibarborde -en respuesta a uno de los juicios entablados contra la Armada por la masacre de Trelew - daba cuenta de que el fusilador y sus cómplices "no podrian concurrir a declarar en las audiencias señaladas, por cuanto ,se encuentran en el extranjero" y, genti1mente, indicaba los domicilios de los homicidas para que, la parte que los propuso adopte las medidas que considere Capitán de Corbeta D. Luis Emilio Sosa. Agregaduría Naval Argentina S 1, 6 Corcoran St. N W. Washington D.C. - EE.UU.", el mismo domicilio consignaba para su brazo derecho y coejecutor en la Masacre de Trelew el Teniente de Fragata D. Roberto Guillermo Bravo".
Luego durante años, su paradero fue uno de los secretos guardados con más por la Armada. Según la revista Hechos y Noticias, del 19 de agosto de 1984 "durante la guerra de las Malvinas se sostenía que el fusilador estaba anclado en Puerto Belgrano. Un año más tarde, aparecía como agregado militar en la Embajada argentina en Honduras. Y ¡oh sorpresa!, con el advenimiento del gobierno democrático una foto de la agencia oficial Télam (de] 21 de junio último - 1984-) revela que el capitán de navío Luis Emilio Sosa está aquí, No usa más distintivo de Infantería de Marina ni de paracaidista militar; utiliza el del Crucero General Belgrano Sin embargo, esté donde esté, Sosa puede sentirse orgulloso. Ni la masacre de 23 de enero de 1989 contra los miembros del Movimiento Todos por la Patria (MTP) ejecutada en La Tablada por nuestras Fuerzas Armadas contra jóvenes que depusieron sus armas, ni la del 22 de abril de este año realizada por los centuriones de Fujimori contra los integrantes del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), en Perú, superan su hazaña.
Las lamentables excusas que "en nombre de la democracia y las instituciones" esgrimen los los justificadores de estas trágicas muertes sustentan el pobre argumento de que los subversivos estaban armados. Los muertos de Sosa eran detenidos políticos y estaban indefenso ni siquiera sospechaban que él tenía una guerra personal contra ellos, contra su juventud y sus utopías- los masacrados de Trelew, inermes, no sabían de su sed sangre, no conocían su vampirismo. Si aún ronda por este mundo, el asesino Sosa puede sentirse seguro de que nadie batió su récord, aunque sus fusilamientos no hayan sido transmitidos por televisión.
Con la amnistía del 25 de mayo de 1973, Camps, Berger y Haidar salieron en libertad. Ese mismo día y cuando aún no habían abandonado la prisión, el poeta Francisco Urondo les hizo una larga entrevista donde relataron los fusilamientos. Dos de ellos fueron desaparecidos durante la dictadura de Videla, y Camps murió en un enfrentamiento. Haciendo clic aquí, podes descargar el reportaje realizado por Paco Urondo a los sobrevivientes

El recuerdo de Agustín Tosco

Entrevista a Agustín Tosco, Diario El Mundo, viernes 24 de agosto de 1973

-¿Puede usted relatarnos sintéticamente qué pasó el 22 de agosto de 1972 en el Penal de Rawson?

-Desde el 15 de agosto, día de la evasión, vivíamos en un clima de gran ansiedad. Habíamos sido reagrupados en pabellones distintos a los que ocupábamos en aquella fecha, y aislados rigurosamente en cada una de las celdas individuales. La puerta de la celda era maciza, con algunos agujeros de un centímetro de diámetro, que hacían de mirilla para los celadores que nos observaban y controlaban constantemente. Una especie de pequeña ventana, con barrotes cruzados, semejante a una claraboya sin vidrios, colocada sobre la puerta, nos permitía mirar directamente a algunos compañeros, a los ubicados en las cinco o seis celdas de enfrente; para ello debíamos subirnos a la cabecera de la cama y estar en posición muy incómoda. Pero lo hacíamos con entusiasmo, pues eso nos permitía contactarnos de alguna manera, plantearnos los interrogantes que la situación de incomunicación nos obligaba, e ir trasmitiendo las opiniones con el lenguaje mudo de la mano, en lo que ya éramos expertos. Dados los cuarenta y cinco metros de longitud del pabellón y las dos series de veintiún celdas a cada costado del mismo, la retrasmisión se iba haciendo en forma de zigzag hasta completar la totalidad.
Nuestra preocupación mayor era la suerte corrida por los compañeros que se habían fugado. Muchos de los prisioneros pertenecían a organizaciones armadas y otros no; es decir, los que nos encontrábamos en el pabellón. Más a todos nos embargaba una serie inquietud pues la noche del 15 de agosto, habíamos escuchado por radio que todavía en ese entonces se nos permitía tener, que habían sido apresados en el Aeropuerto de Trelew; que se les había dado garantías de reintegrarlos al Penal; que estaban en marcha hacia el mismo, en una columna que encabezaban Pujadas, el juez Godoy, el Dr. Amaya y miembros de las fuerzas de represión. La noche del 15 de agosto, en la que permaneció tomado interiormente el Penal, escuchamos las emisoras de Chile, donde se daba cuenta del secuestro del avión, y que en él viajaban Santucho, Osatinsky, Vaca Narvaja, Gorriarán, Quieto y Mena. Pero el 16 de agosto a la mañana, que se nos incomunicó, no sabíamos casi nada de los diecinueve restantes.
Teníamos la posibilidad de informarnos muy precariamente por dos vías: en la guardia los celadores solían escuchar los informativos y todos hacíamos un profundo silencio para tratar de pescar algo; el contacto con algunos celadores más "flexibles". Cuando nos abrían la puerta para ir al baño o cuando nos traían la comida, también podía damos una "pista".
Antes del mediodía del 22 de agosto, algunos compañeros comenzaron a transmitir con el lenguaje mudo que parecía que tres prisioneros que estaban en la Base Naval de Trelew habían sido asesinados. Una gran angustia experimentó todo el pabellón. Por la mañana habían requisado en forma muy dura -ellos ya sabían lo acontecido en la madrugada- y propinaron golpes de puño a varios, además de hacernos correr desnudos desde el baño a cada una de las celdas. Habíamos gritado y protestado con toda nuestra fuerza.
A medida que lográbamos noticias, precarias todas, iba aumentando el número de muertos. Decían que Pujadas había intentado apoderarse de la ametralladora de un guardia, que se había generalizado un tiroteo y que habían , caído todos. A las 17 horas estaba prácticamente confirmado que habían sido muerto los diecinueve compañeros en la Base Aeronaval.
Fueron horas de intenso dramatismo. Todos estábamos encaramados y tomados de los barrotes cruzados de la ventana de la celda hacia el interior del Pabellón. Había rostros enmudecidos. Otros lloraban con profundo dolor y rabia. Algunos gritaban y daban vivas a cada uno de los caídos y a las organizaciones guerrilleras, a la clase obrera, a la revolución y a la Patria.
A la noche se preparó un homenaje simultáneo en los seis pabellones ocupados por los presos políticos y sociales. Espontáneamente cada uno relataba aspectos de la vida, las convicciones, la personalidad de los caídos, hasta completarlos a todos. Posteriormente hablaron varios enjuiciando y condenando el alevoso crimen y fijando la responsabilidad en la Dictadura y el sistema. Luego a voz de cuello se gritó el nombre de cada uno y cada vez se respondía en forma vibrante y unánime: ¡Presente! ¡Hasta la victoria siempre!
Se entonaron colectivamente las distintas marchas partidarias. Todo quedó en silencio. Los guardias ordenaron acostarse. Esa noche nadie durmió. El recuerdo de los mártires caídos, la imágen de cada uno, el heroico ejemplo de cada uno, llenaba la imaginación, hacía estremecer los sentimientos y daba una pauta más del duro y glorioso camino revolucionario que recorren la Clase Obrera y el Pueblo hasta su total y definitiva liberación.

Discurso del Cro. Agustín Tosco a poco de ser liberado, denunciando la masacre de Trelew

LIBERADO POR LA LUCHA DEL PUEBLO

Queridos compañeros y compañeras:

Quiero expresar en primer término el profundo reconocimiento a esta solidaridad combatiente de la gloriosa Córdoba, del glorioso Cordobazo. Después de prácticamente un año y medio de prisión en las cárceles de la Dictadura vengo aquí como trabajador, como revolucionario, como argentino a ratificar ante todos ustedes el compromiso de continuar, hasta las últimas consecuencias la lucha por la Liberación Nacional y social de Argentina. Quiero agradecer profundamente esta solidaridad. La solidaridad de Córdoba, la solidaridad de Rawson y Trelew, la solidaridad de toda la clase obrera que me ha arrancado a mí de las garras de la dictadura, como antes ha arrancado a otros compañeros y como arrancará hasta el último prisionero. Quiero aquí como ha sido norma de, conducta militante rendir un gran homenaje a todos los Compañeros caídos en esta heroica lucha por la Liberación Nacional y Social.
Yo vengo de una cárcel que ha sido rebautizada por los prisioneros políticos y sociales a la cual denominamos Campo de Concentración 22 de Agosto. Y tengo la obligación de trabajador de repudiar un hecho que costó la vida de compañeras y compañeros que compartían la prisión, que nos conocíamos, que hablábamos de los comunes ideales. La Dictadura que impera en nuestra Patria aprobó legalmente la pena de muerte. Pero no espera a cubrir ese disfraz legal; ha masacrado a lo largo y a lo ancho de todo el país a los hijos del Pueblo que luchan sin distinciones y sin discriminaciones.

Yo quiero nombrar aquí, corno una gran recordación a los compañeros:

Clarisa Lea Place
Susana Lesgart
María Angélica Sabelli
Ana María Villarreal de Santucho
Carlos Astudillo
Pedro Bonnet
Eduardo Capello
Alberto del Rey
Mario Emilio Delfino
Alfredo Khon
José Ricardo Mena
Miguel Angel Polti
Mariano Pujadas
Humberto Suárez
Humberto Toschi
Alejandro Ulla

PRESENTES: HASTA LA VICTORIA SIEMPRE

Dictadura ha descargado toda su furia y los compañeros que aún se encuentran detenidos en el Campo de Concentración de Rawson están sometidos a un régimen de opresión y represión incalificable. Nosotros queremos denunciar aquí, una vez más, como lo hicimos en Trelew y Rawson, como lo hicimos ayer en Buenos Aires, que el régimen que impera en la cárcel, es un régimen que atenta contra los más elementales derechos humanos. El castigo de reclusión bajo celda cerrada, la prohibición de todo medio de información como diarios, revistas o radio y la construcción de un locutorio enrejado de típica contextura medieval impide el ejercicio mínimo de la defensa pues son dos rejas que separan un espacio de más de un metro y detrás de una reja está el abogado o está el familiar y detrás de la otra reja está el prisionero que ha sido trasladado desde esta celda cerrada, con cadenas, hasta ese locutorio. Denunciamos también la falta de atención mesea. Durante 30 días la requisa del penal, el personal penitenciario golpeó y trató de humillar a los prisioneros; nos llevaban al baño, nos hacían desvestir, nos hacían correr desnudos por el pabellón y luego nos "encanutaban" de nuevo, usando un término propio del penal. Pero la actitud de todos los compañeros del penal no es de temor y menos de sometimiento. Se enfrentó a gritos toda esta serie de atropellos, se denunciaron en la precaria medida de las posibilidades. Y hoy yo vengo desde la cárcel, a denunciar públicamente toda esta serie de atropellos para conseguir de inmediato que se normalice la situación del penal, pues esa situación es verdaderamente insoportable.
Sabemos que la Clase Obrera, que los sectores populares democráticos, revolucionarios, antimperialistas, antioligárquicos de nuestro pueblo, han de lograr que se vuelva aun régimen mínimo de consideración humana dentro del penal. - Transcurridos los 30 días del castigo pudimos obtener algunas entrevistas con el Interventor del Penal, el Cte. Mayor de Gendarmería Juan Ramón López Carballo.
Y le planteamos la necesidad de resolver en forma urgente esos problemas. El dijo que sólo podía resolver los problemas accesorios y que la resolución de reclusión bajo celda cerrada, la incomunicación de toda noticia, el problema del locutorio, dijo que esas eran disposiciones de la Junta de Comandantes en Jefe, del Servicio Penitenciario Federal, y en ese aspecto él no tenía posibilidades de hacerlo. Algunas cuestiones accesorias se han logrado ante el reiterado planteo,, ante la reiterada protesta de los Compañeros detenidos, pero lo fundamental no está logrado y desde el Penal sabemos que la lucha fundamental está en el seno del Pueblo y aquí debemos una vez más comprometernos para que de inmediato se resuelva este problema y para que también con una acción más poderosa de todos los sectores unidos de nuestro Pueblo arranquemos a todos esos prisioneros de la Dictadura. Allí hay muchos compañeros aún en prisión.
Yo traigo un saludo de los que estaban en mi pabellón particularmente de Martín Federico, de Curuchet y de otros compañeros. Les puedo decir que todos tienen una moral muy alta, que tienen un espíritu de lucha que no va a ser afectado por esta situación penosa por la cual se atraviesa, y también quiero destacar aquí en nuestro enjuiciamiento a la política ultrarreaccionaria de la dictadura, que ellos nos llevaron allí para aislarnos de todo contacto popular, para tratar de impedir que recibiéramos esa inmensa solidaridad, pero la población de Trelew y de Rawson se ha convertido en una porción de nuestra Patria, en una porción patagónica que vibra de solidaridad; y el régimen ha castigado también la solidaridad; el compañero Dr. Mario Abel Amaya , abogado de varios compañeros, apoderado de otros, hombre afectado en su salud, que permanentemente acercaba su solidaridad, su aporte para la solución de los problemas de los compañeros ha sido detenido, puesto a disposición del Poder Ejecutivo y remitido al penal de Devoto por ejercer esa solidaridad combatiente. Amaya es el abogado de la solidaridad, es la solidaridad reprimida por la dictadura y Amaya merece también, como todos los demás, que lo arranquemos de la cárcel. 

Fuentes:
http://www.elortiba.org/trelew.html#El_silencio_de_la_Marina__  
http://www.elhistoriador.com.ar/entrevistas/t/tosco.php

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-197307-2012-06-27.html

     

Rebelión y masacre en el Pulgarcito de América (1932)

“En mi triste país se suceden los horrores. Se dice de tres mil muertos, campesinos casi todos, que se lanzaron a tomar los cuarteles, exasperados por el hambre. Les tachan de bolscheviques (sic), de monstruos, de cuanto adjetivo denigrante les sugiere el miedo y la cólera a los terratenientes y millonarios enfurecidos y vencedores”.

Alberto Masferrer, 4 de febrero de 1932.

El Salvador, situado en el centro del continente americano, es un pequeño país con una extensión de 22 mil kilómetros cuadrados, dedicado principalmente a la producción de café. El 85% de sus exportaciones corresponden a este producto y se concentran en los mercados de Alemania y Estados Unidos. Para 1932 tiene un millón y medio de habitantes, de los cuales el 80% vive y trabaja en el campo. Un ínfimo 0.2% de la población constituye la clase dominante, el 4.4% las clases medias y el 95% restante lo forman campesinos, indígenas, jornaleros agrícolas y unos pocos obreros urbanos.
La tierra es el rasero que marca la desigualdad social, porque la oligarquía cafetalera la acapara, mientras miles de indígenas y campesinos no tienen ni donde caer muertos. Esto lo constata a finales de 1931, el mayor A.R. Harris, agregado militar de los Estados Unidos: “El 90 por ciento de la riqueza del país la posee el 0.5 por ciento de la población. Entre 30 o 40 familias son propietarias de casi todo el país. Viven con esplendor de reyes, rodeados de servidumbre, envían a sus hijos a educarse a Europa o a Estados Unidos, y despilfarran el dinero e sus antojos. El resto de la población no tiene prácticamente nada…”. Como expresión del lujo y derroche “una de las primeras cosas que se observa cuando uno llega a San Salvador, es la abundancia de automóviles de lujo que circulan por las calles. (…) No parece que exista nada entre estos carísimos vehículos y la carreta de bueyes guiado por el boyero descalzo”.
Esta situación constituye una verdadera bomba de tiempo que tarde o temprano puede estallar, como señala el agregado militar: “Me imagino que la situación de El Salvador actual se asemeja mucho a la de Francia antes de su revolución, Rusia antes de su Revolución y México antes de su revolución. (…) Una revolución socialista o comunista puede retardarse por varios años en este país, digamos diez o veinte años, pero cuando por fin suceda va a ser sangrienta” [1] .

EL PUEBLO SALVADOREÑO SE REBELA

En la década de 1920 el control político en el Salvador está a cargo del clan familiar de los Meléndez-Quiñones. Eso cambia temporalmente en 1931 cuando Arturo Araujo se impone en las elecciones, a nombre del Partido Laborista. El punto central del programa presidencial es el reparto de la tierra, lo que genera gran apoyo y expectativa entre la población pobre y campesina. Sin embargo, muy rápido cunde la decepción, porque el nuevo gobierno no cumple sus promesas y adopta la represión abierta de obreros y campesinos. Araujo pierde el apoyo del Ejército y esto propicia un golpe de Estado del 2 de diciembre de 1931, cuando asume el poder el vicepresidente y ministro de Guerra Maximiliano Hernández Martínez, llamado El Brujo, por ser un teósofo declarado.
El nuevo dictador convoca a elecciones municipales en los primeros días de enero de 1932, y, de forma sorpresiva, el Partido Comunista (PCS) gana en algunos lugares. Para desconocer este triunfo se acude al fraude. Ante esta situación el PCS empieza a promover la idea de una insurrección y establece contactos con campesinos e indígenas del occidente del país, los cuales ya habían tomado la decisión de llevar adelante un levantamiento armado por su propia cuenta.
El objetivo del PCS es coordinar una insurrección general en todo el país. Sin embargo, el plan es descubierto y el 18 de enero son capturados Farabundo Martí y los estudiantes universitarios Alfonso Luna y Mario Zapata principales dirigentes del Partido Comunista y conductores del levantamiento. En la noche del 20 se reúne el Comité Central del PCS para discutir la pertinencia de seguir adelante con la insurrección y, aunque hay posiciones en contra porque ya no se tiene la capacidad real de conducirla, la mayoría opta por mantener el plan.
El 22 entran simultáneamente en erupción varios volcanes en Guatemala y el Izalco, —conocido como el Faro del Pacífico— en el Salvador. Un coro de estruendos acompaña la erupción y la emisión de cenizas que recubre los cielos de América Central. Como si esa fuera la señal que esperan los campesinos e indígenas desde hacia decenios, al momento se desencadena la insurrección. La rebelión comienza en la medianoche del 22-23 de enero y se concentra en seis localidades del occidente del país. Iluminados por el resplandor que generan los volcanes en actividad, miles de hombres y mujeres, empuñando palos, machetes y unas cuantas armas se dirigen hacia los poblados y atacan las estaciones de policía, las oficinas municipales y los puestos de telégrafo, símbolos y sedes del poder político y militar. Atacan las casas de los terratenientes y de los ricos de los pueblos y saquean las tiendas y comercios locales, llamando a la gente del lugar a unirse al movimiento. En su accionar ejecutan a unas setenta personas, grandes propietarios o sus allegados. Algunos grupos de insurrectos gritan consignas favorables al Socorro Rojo y al PCS y proclaman por primera vez en América Latina la implantación de soviets rurales.

LA MASACRE

El bestial contra-ataque del régimen militar se inicia el 24 de enero y en menos de 48 horas aplasta la rebelión. En la tarde del 25, todos los pueblos están en manos de las tropas gubernamentales. Esto es posible porque, luego de conocida la noticia del levantamiento, el gobierno junta las tropas del centro y el oriente del país, y las envía en tren hacia los lugares donde se encuentran los rebeldes. Apenas llegan, se inicia la brutal carnicería. No les resulta difícil, porque a los palos y machetes que portan los rebeldes se les enfrentan ametralladoras y fusiles de largo alcance e incluso a aviones que bombardean a la población en forma inmisericorde.
Los militares y las Guardias Cívicas, formadas por miembros de las clases dominantes, asesinan a todo aquel que consideren comunista y/o indígena. Se remiten a las listas electorales y eligen como víctimas a quienes habían votado por los comunistas, puesto que allí estaban consignados los datos personales, lugar de residencia y partido por el que habían votado. Pero en general no se ponen con tanta “sutileza” y todo varón adulto que se encuentre en el camino es fusilado.
Mientras en el occidente se abren fosas comunes para enterrar a los labriegos, en San Salvador son capturados los comunistas que aparecen registrados en los libros de votaciones y en las márgenes del río Acelhuate son fusilados. Luego son tirados a fosas comunes o son incinerados. A Miguel Mármol (1905-1993), fundador del PCS, se le intenta fusilar, pero sobrevive para relatar las atrocidades cometidas en 1932. Como colofón represivo de la violencia anticomunista, el primero de febrero, luego de un juicio amañado, son fusilados los dirigentes del PCS Farabundo Martí, Alfonso Luna y Mario Zapata.
La represión produce miles de muertos, tanto en los primeros días cuando llegaron las tropas a las zonas ocupadas por los rebeldes, como en las semanas siguientes por parte del Ejército y los grupos paramilitares de las guardias cívicas. Nunca se podrá establecer con exactitud la dimensión de la masacre, porque se impone la censura de prensa, se destruyen los archivos oficiales de 1932 por orden del dictador Martínez y los cadáveres son enterrados sin ningún registro ni identificación. Si, como estiman diversos testigos e investigadores, se asesinó a 30 mil personas, estamos ante un auténtico genocidio, porque eso significa que en un breve lapso de tiempo fue exterminado el 2% de la población.
La magnitud de la masacre se registra en un telegrama del general José Tomas Calderón, Jefe de Operación de la Zona Occidental, dirigido al almirante Smith y comandante Brandeur, de los barcos de guerra Rochester, Skeena y Wancouver, en el que “se complace (en) comunicarles que… hasta hoy cuarto día de operaciones están liquidados cuatro mil ochocientos bolcheviques”. [2] Si eso se dice de manera oficial sobre lo acontecido en los primeros días, es lógico suponer que la cifra se elevó en miles en las semanas siguientes, cuando tanto las tropas oficiales como las guardias cívicas prosiguieron con su propósito de exterminar a todos los indios y comunistas que encontraran en su camino, o a quienes calificaban de ese modo.
Un periódico informa que, debido al elevado número de muertos “se incinera gran cantidad de cadáveres de comunistas en todos los lugares en donde fueron reprimidos los levantamientos”. Así mismo, se comunica que “para evitar las epidemias, la dirección General de Sanidad ha ordenado la incineración de los cadáveres de los comunistas muertos en los diferentes encuentros habidos en la República” [3] .
Como una prueba del sadismo de la represión, en Izalco es asesinado, colgado y exhibido en público el cacique Feliciano Ama, quien es calificado como un indio comunista. El espectro anticomunista y racista aflora para justificar la masacre y en los periódicos se exige la destrucción de “la hidra de cien cabezas del comunismo”, así como aniquilar a los “indios borrachos y degenerados”.
Diez días después del levantamiento, llegan al Puerto de Acajutla dos barcos de la marina británica y uno de los Estados Unidos, so pretexto de proteger los intereses de sus connacionales que residen o tiene negocios en el país. El objetivo es intervenir si fuese necesario para reprimir el levantamiento popular. Con su presencia bélica, las potencias respaldan la masacre.

CLASE Y ETNIA EN EL TRASFONDO DE LA MASACRE

Para explicar la rebelión y la masacre deben considerarse los problemas de etnia y clase, que están referidos a las características de las dos insurrecciones que estallan a mediados de enero de 1932 y que en forma espontánea confluyen: la que organiza el PCS y la que preparan los indígenas del occidente del país. Por ello, en el análisis de la coyuntura que origina la Gran Depresión (1929-1933), es indispensable recordar los procesos de largo plazo que “pueden ser resumidas en dos palabras: indígenas y café” [4] .
La Gran Depresión del capitalismo mundial tiene efectos inmediatos en la sociedad salvadoreña, que se configuran en el telón de fondo de la masacre de 1932. Cuando estalla la crisis de 1929 se desploman los precios del café hasta en un 46%. Los efectos son inmediatos y catastróficos: bajan las importaciones, descienden los salarios de los peones y de los pocos funcionarios del Estado, el hambre y el desempleo se extienden por los campos salvadoreños. Como siempre, la crisis recae sobre los pobres y desposeídos, mientras los terratenientes y hacendados mantienen sus privilegios, hasta el punto que el Estado los exonera de pagar impuestos por la exportación de café [5] .
La caída del consumo del café en el mercado mundial crea condiciones para que diversos sectores de las clases subalternas se organicen. La resistencia y la rebelión se encuentran a flor de piel, motivadas por el impacto inmediato de la crisis, y son factibles porque un proceso de organización de trabajadores, campesinos e indígenas se había gestado a comienzos de la década de 1920. En efecto, en 1923 surgieron los primeros sindicatos y en 1924 se creó la Federación Regional de Trabajadores Salvadoreños (FRTS), cuyos objetivos principales apuntaban a luchar por la tierra y el aumento de salarios.
A comienzos de la década de 1930 los indígenas enfrentan el alto precio de los alquileres de la tierra y demandan la implementación de una ley que prohíba la expropiación por deudas y garantice la devolución de las tierras que les habían arrebatado. Los campesinos pobres reciben instrucción política de estudiantes y de maestros rurales, influidos por el Socorro Rojo Internacional y la FRTS. El primero canaliza ayuda a los sindicatos y a las organizaciones obreras en diversos lugares del mundo. En el Salvador, el Socorro Rojo llega a contar con seis mil participantes y la FRTS alcanza los 75 mil afiliados.
En este proceso de organización se destaca la fundación del Partido Comunista del Salvador (PCS), en el cual se aglutinan líderes políticos y sindicales, con experiencias de lucha en varios países de América Central, entre los que sobresalen Farabundo Martí y Miguel Mármol. Ese partido se funda oficialmente en marzo de 1930 y el primero de mayo de ese año organiza el desfile de miles de personas por la calles de San Salvador.

El problema de clase

Antes de la rebelión armada, la prensa de San Salvador manifiesta sus temores ante un posible levantamiento popular. Al respecto, el arzobispo de esa ciudad, Monseñor Belloso, les escribe una carta a los capitalistas del país, en la que advierte sobre el peligro comunista si no se trata a la gente con justicia. El texto de la carta señala:

“Nos permitimos preguntar:

1) ¿Sabe usted cómo viven sus colonos?

2) ¿Tienen ellos en sus viviendas cierta comodidad e higiene?

3) ¿Se les paga el salario suficiente, no sólo para el vivir cotidiano, sino también para que sostengan a su familia, a base de economía y honradez?

4) ¿Los colonos y empleados todos, trabajan de tal manera que pueden cumplir con sus obligaciones religiosas?

5) ¿Se les da facilidades para que sus hijos reciban la instrucción conveniente?

6) ¿Cuentan con médico y medicinas para sus enfermedades ordinarias, particularmente si viven en zonas malsanas?

7) ¿No se abusa de la debilidad de los niños obligándoles a trabajos incompatibles con su edad?

8) ¿Se impone a las mujeres, sobre todo a las que son madres, obligaciones que les imposibilitan atender a sus niños?

Si todos los patronos tratan a sus trabajadores de modo que no se deje ni una sola de estas cosas sin cumplir, creemos, y estamos seguros de ello, que el peligro comunista quedará completamente conjurado” [6] .
Este texto percibe la desigualdad social, de clase, que se hace más evidente en la coyuntura de la Gran Depresión. En el fondo, este problema de clase expresa la contradicción entre los terratenientes/hacendados cafetaleros con los campesinos y los proletarios agrícolas. Existe un malestar campesino como resultado de la expropiación de los ejidos, el trato indigno que reciben los labriegos y los trabajadores asalariados, al cual debe agregarse el choque violento de la crisis en la economía cafetera. Este descontento es canalizado por el Socorro Rojo Internacional y el recién fundado PCS, que encuentra un terreno abonado por las humillaciones acumuladas por los pobres y por la decepción ante el gobierno de Araujo.
No por casualidad, en aquellas regiones de mayor densidad campesina y productoras de café es donde más fuerza tiene la rebelión. Precisamente, el PCS logró cierta influencia entre los campesinos y jornaleros porque había escuchado la queja más común de la gente: la caída del salario en las fincas cafeteras, en razón de lo cual envía a los activistas en los días de pago, exige mejoras salariales y organiza huelgas, muchas de las cuales son victoriosas porque tienen objetivos claros, como aumento de salarios nominales y mejor ración de comida para los jornaleros [7] .
La miseria de los campesinos, como expresión de esta contradicción de clase, es registrada por V. Brouder, comandante de los marines canadienses que desembarcó en el puerto de Acajutla el 23 de enero de 1932. Para éste: “En una determinada finca de café…(los) obreros trabajan hasta diez horas al día en algunos casos, a cambio de lo cual se les paga 25 centavos diarios... Además se les da… un puñado de frijoles y unas cuantas tortillas… y café para tomar; el costo para alimentar a cada trabajador no pasa de un centavo por día. El valor de la cosecha de café de esta finca se estima en unas 100,000 libras esterlinas; un cálculo rápido indica que el costo de la mano de obra para todo un ciclo agrícola alcanza a lo sumo la cantidad de 2,000 libras esterlinas…” [8] . En suma, el costo de la fuerza de trabajo representa el 2% del valor de la cosecha de café, lo que genera una envidiable tasa de ganancia para la oligarquía cafetera.

Tensiones étnicas

En el fondo de la rebelión y la represión que le siguió se esconde un asunto crucial de la historia del Salvador: el de la marginación y sometimiento de los indígenas por parte de los blancos y ladinos.
Para la comprensión de la rebelión indígena deben considerarse las causas de larga y corta duración. En cuanto a las primeras, se habían ido acumulando durante siglos los golpes de la opresión, la humillación y el despojo por parte de los grandes terratenientes, los blancos y los ladinos, contra los cuales en numerosas ocasiones se habían rebelado los indígenas. A éstos se les arrebatan sus tierras y se les convierte, con diversos procedimientos violentos y legales, en peones de las haciendas, donde soportan un trato despótico y se les paga con monedas emitidas por las haciendas que sólo se pueden usar en la tienda de raya del dueño del cafetal.
Esto se conjuga con las razones de corto plazo, catalizadas por el impacto de la Gran Depresión en la sociedad salvadoreña, con huelgas y protestas para defender el empleo y pedir mejora de salarios. En esta coyuntura, los indígenas no están solos, porque los mismos problemas que genera el colapso del café en el mercado mundial, afectan a obreros, campesinos e indígenas. Pese a todo, los indígenas tienen sus propios objetivos, que están relacionados con el problema estructural que afrontan al ser despojados de sus tierras, las que son acaparadas por los ladinos (mestizos).
En el momento de la masacre y en las semanas siguientes emerge con gran fuerza el racismo de blancos y ladinos. Por ejemplo, en La Prensa del 4 de febrero un titular sostiene que "los Indios han sido, son y serán enemigos de los Ladinos" y en el artículo correspondiente se señala que "no había un solo indio que no estuviera carcomido por el comunismo devastador... Cometimos un grave error al hacerlos ciudadanos" [9] . Claro, estos mismos indígenas son los peones y sirvientes de los hacendados, muchos de los cuales participan en la insurrección, junto con sus caciques.
E l ataque sistemático contra los rebeldes es un verdadero etnocidio, ya que se identifica a las víctimas por sus rasgos físicos, su lengua, o su vestimenta. Como consecuencia, los sobrevivientes se ven obligados a abandonar sus costumbres y tradiciones. En esta perspectiva, la masacre de 1932 no es una revuelta campesina con un componente racial, sino “la última convulsión de la rebelión indígena contra el colonialismo”. En 1931 los indígenas pierden lo poco que les quedaba de tierra y ven disminuir su precario ingreso de subsistencia. En estas condiciones, “el movimiento comunista solamente proporcionó el fósforo que dio fuego a este material combustible de resentimiento étnico. La revuelta en sí, sus slogans, liderazgo, blancos y metas, sugieren una ‘guerra de razas’, con grupos indígenas asaltando los emblemas del poder ladino. La represión subsiguiente indicaba las mismas dinámicas raciales” [10] .
Esto se manifiesta en el carácter y sentido de la represión que no es obra exclusiva del ejército, sino de grupos privados organizados y financiados por blancos y ladinos, que persiguen y matan con saña a lo que consideran como “plaga comunista”. En este caso el apelativo de comunista encubre su odio hacia los indígenas.
Hasta tal punto existía un problema histórico entre indígenas y ladinos, producto del racismo y de la opresión de éstos últimos, que el PCS enfrenta grandes dificultades porque sus activistas son ladinos urbanos, mientras que los habitantes del occidente del país son indígenas. Por esta razón, estos últimos son muy recelosos con los comunistas, aunque les lleven mensajes de liberación económica y política.
El odio contra los indígenas que aflora luego de la rebelión lo hace publico un hacendado: "Deseamos que se extermine de raíz la plaga; de lo contrario, brotaría con nuevos bríos, ya expertos y menos tontos (…) Hicieron bien en Norteamérica, de acabar con ellos; a bala, primero, antes de impedir el desarrollo del progreso de aquella nación; mataron primero a los indios porque éstos nunca tendrán buenos sentimientos de nada. (…)Tienen instintos feroces" [11] .

CONSECUENCIAS DE LA MASACRE

La masacre de 1932 tuvo efectos inmediatos y mediatos, que vale la pena enumerar. En el corto plazo permite la consolidación de la dictadura de Hernández Martínez que se extiende hasta 1944, cuando una huelga general lo obliga a renunciar y a huir del país. Esta dictadura feroz es ejercida por un personaje que solía repetir: “es un crimen más grande matar a una hormiga que a un hombre, porque el hombre al morir reencarna mientras que la hormiga muere definitivamente”. Martínez dice tener contactos con médicos invisibles, con los que se comunica por medio de aguas de colores que guarda celosamente en unos frascos. A tal punto llega su fe en estos “médicos”, que decide combatir una epidemia de viruela forrando con papel azul las lámparas de las plazas, a la espera de que sus amigos invisibles actúen. Incluso, deja morir de apendicitis a uno de sus hijos, al pretender curarlo con sus aguas azules. Durante los doce largos años de su gobierno reprime a diestra y siniestra y se granjea la simpatía de los Estados Unidos, pese a que coquetea furtivamente con el nazi fascismo.
A raíz de la masacre, los más afectados de manera inmediata son los campesinos y, sobre todo, los indígenas que son prácticamente exterminados. Los sobrevivientes se convierten en ladinos, es decir, son incorporados al proyecto mestizo en forma violenta. El dictador prohíbe que los sectores subalternos estudien porque si lo hacen se vuelven comunistas y, según su fabulosa doctrina, los pobres están destinados a ocuparse de las labores de limpieza.
En la larga duración, la masacre transforma a la sociedad salvadoreña. La violencia destruye un proceso de organización popular, consolida una forma de poder militar dictatorial que perdura el resto del siglo (hasta 1992. Paralelamente se impone el antiocomunismo como una doctrina de Estado, utilizada para reprimir, perseguir y asesinar a los opositores políticos. El Ejército se convierte en guardián del poder de las clases dominantes. Estas, a su vez, lo aceptan y ceden el control directo del aparato de Estado a los militares.
Se impone el silencio, la censura y la tergiversación de los sucesos de 1932, los cuales son presentados por la historia oficial como una cruzada del comunismo internacional en tierras americanas. Se instaura la cultura del terror contra los pobres y contra todos los que se atreven a protestar, a nombre del anticomunismo visceral.
Finalmente, como le ha sucedido a otros militares masacradores en la historia de América Latina, Maximiliano Hernández Martínez no muere de muerte natural. El 15 de mayo de 1966, cuando tenía 84 años, es ejecutado en Honduras por su chofer personal, Cipriano Morales, quien le propina 17 puñaladas. Se dice que es en venganza, porque Morales es hijo de una de las víctimas de la dictadura y actúa siguiendo la máxima popular que reza: el que a hierro mata a hierro muere!

NOTAS:

[1] . Citado en Thomas Anderson, El Salvador 1932, Editorial Universitaria Centroamericana, Segunda Edición, San José, 1982.

[2] . Citado en Jorge Arias Gómez, Farabundo Martí. Esbozo biográfico, Editorial Universitaria Centroamericana, San José, 1972, p. 144.

[3] . El Día, enero 27 de 2004, p. 4, Citado en Héctor Lindo Fuentes, “Políticas de la memoria. El levantamiento de 1932 en El Salvador”, en Revista Historia, No. 49-50, enero-diciembre de 2004, p. 293.

[4] . Erick Ching, El Salvador, levantamiento de 1932, en http://www.elsoca.org/index.php/america-central/movimiento-obrero-y-socialismo-en-centroamerica/2302-el-salvador-el-levantamiento-de-1932

[5] . Alejandro D. Marroquín, “Estudio sobre la crisis de los años treinta en El Salvador”, en Pablo González Casanova (Coordinador), América Latina en los años treinta, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1977, pp. 113 y ss.

[6] . El Día, 20 de enero de 1932, p. 4, citado en H. Lindo Fuentes, op. cit, p. 290.

[7] . Erick Ching, Los archivos de Moscú, en DiarioCoLatino.com, julio 29 de 2005, disponible en http://www.diariocolatino.com/es/20050729/tresmil/20926/Los-archivos-de-Mosc%C3%BA.htm?tpl=69
[8] .Ernesto Martínez, Los orígenes de la matanza indígena de 1932 en El Salvador, en DiarioCo.Latino. com, enero 26 de 2011, disponible en http:// www.diariocolatino.com/

[9] . Citado en Walter Neftali Alfaro, Levantamiento campesino 1932, en http://msdwalteralfaro.blogspot.com/2010/02/levantamiento-campesino-1932.html

[10] . Virginia Tilley, Indígenas: los salvadoreños invisibles, en el faro.net, enero 22 de 2009, disponible en http://archivo.elfaro.net/secciones/academico/20090122/academico1.asp

[11] . E. Martínez, op. cit.

Bibliografía sugerida para seguir estudiando

• Roque Dalton, Miguel Marmol. Los sucesos de 1932 en El Salvador, Ocean Sur, Bogotá, 2011.
• Hernan Brienza, Farabundo Martí. Rebelión en el patio trasero, Capital Intelectual, Buenos Aires, 2007. 
• Juan Mario Castellanos, El Salvador 1930-1960. Antecedentes históricos de la guerra civil, Biblioteca Popular, San Salvador, 2001.
• Jorge Arias Gómez, Farabundo Martí. La biografía clásica, Ocean Sur, Mexico, 2010.
• Jeffrey Gould y Aldo Lauria-Santiago, 1932, rebelión en la oscuridad, Ediciones Museo de la Palabra y la Imagen, San Salvador, 2008.
• Thomas Anderson, Thomas, El Salvador, 1932, Biblioteca de Historia Salvadoreña, San Salvador, 2001.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=154534

Apagón de Ledesma de 1976

El apagón de Ledesma de 1976 fueron una seria de cortes del suministro eléctrico a través de la fábrica de Libertador General San Martín, ocasionados intencionalmente por la dictadura gobernante bajo el nombre de Proceso de Reorganización Nacional. Fue ocasionado entre el 20 y 27 de julio por los militares para así poder secuestrar unas 400 personas en Ledesma, las cuales eran estudiantes, militantes políticos o sociales, sindicalistas o alguna persona involucrada con la guerrilla.

Los apagones y el terror

El primer corte del suministro eléctrico se produjo el 20 de julio de 1976 a la medianoche en Libertador General San Martín y Calilegua. Relatos de la gente que vivieron el hecho, cuentan que en un principio se imaginaron que se trataba de un corte de luz común, para reparar alguna instalación eléctrica o que alguna de las instalaciones habían fallado, pero cuando la gente comenzó a escuchar ruidos de frenadas, arrancones bruscos de autos, personas que abrían puertas a patadas y los gritos de la gente, los pobladores se percataron de que el pueblo de Ledesma estaba viviendo un episodio de represión y secuestro.
El saldo fue de 400 personas secuestradas, de las cuales 55 aún continúan desaparecidas, que figuran entre la lista de los 30.000 desaparecidos por la dictadura. Entre ellos se encuentra el intendente de Ledesma el médico Luis Arédez. Su esposa, Olga Arédez fue la persona quién más peleó para que le den juicio a los responsables de la masacre. Pero murió en el 2005 a causa de una bagazosis, una enfermedad que se manifiesta en personas expuestas a los polvos de la caña de azúcar enmohecida. Irónicamente, esta contaminación la produce la fábrica de azúcar Ledesma.

Vinculación con la empresa Ledesma

Muchos vecinos que vivieron este hecho como también sobrevivientes, testificaron y posteriormente denunciaron que directivos de la empresa agro-industrial Ledesma, proveyeron a los militares de personal y vehículos para la captura de personas. Se afirmó que en vehículos de la empresa Ledesma eran trasladados los detenidos, los cuales quedaban detenidos en galpones de mantenimiento de la fábrica, en donde permanecieron días y meses atados e incomunicados. Algunos eran torturados para "sacarles" información, otros fueron liberados, otros eran trasladados a distintos destinos como comisarías o centros clandestinos de detención, mientras que otros detenidos aparecieron en cárceles de distintas provincias.

Olga Arédez vinculo directamente a la empresa en el secuestro de personas:

Mi marido fue cargado en la parte trasera de una camioneta con el logotipo de la Empresa Ledesma impreso en las puertas de dicho vehículo. La camioneta era conducida por un empleado de la propia empresa (...) Posteriormente me entrevisté con el Administrador del Ingenio Ledesma, el Ingeniero Alberto Lemos. Él admitió que la Empresa había puesto sus móviles a disposición de la acción conjunta llevada a cabo por las fuerzas armadas, en sus palabras, "para limpiar al país de indeseables". También aseguró que mi esposo, debido a su actividad como asesor médico de los obreros, había resultado muy perjudicial para los intereses económicos de la

empresa Ledesma.

Testimonio de Olga Aredes

En esa época el ingenio Ledesma era el encargado de la distribución de la electricidad, así que la empresa no sólo proveyó de hombres y vehículos para el secuestro de gente, sino que fueron ellos los responsables directos de los cortes de luz. Pero esta ayuda que brindaba el ingenio, tenía una razón, un ejemplo fue el secuestro de Luis Arédez; él era un médico que había sido trabajador en Ledesma, se enfrentó con los jefes de la firma para exigir mejores condiciones sanitarias para los trabajadores de Ledesma. Su gestión de trabajador en Ledesma duró poco, ya que meses después fue despedido por "darle demasiados medicamentos a los empleados", así como el doctor Arédez, varios de los secuestrados tenían vinculaciones con la empresa, y en su mayoría, estos había exigido en el pasado, mejores condiciones laborales.

Las 400 personas que se secuestraron esas noches tuvieron diferentes destinos. Algunas fueron trasladadas al penal de la ciudad de Jujuy, y muchas de ellas derivadas al centro clandestino de detención Guerrera. Algunas fueron liberadas a los pocos días, otras paseadas por varias cárceles y centros clandestinos del país durante meses, y treinta continúan desaparecidas.

Testimonios

Ernesto Saman, uno de los que vivió para contar la historia
Fue uno de los centenares de secuestrados y detenidos entre la semana del 20 al 27 de julio de 1976 en Ledesma. En diálogo con télam.com.ar, relató los momentos de terror que vivió durante su cautiverio.
Ernesto Saman fue una de las casi 400 personas secuestradas y detenidas entre la semana del 20 al 27 de julio de 1976 en el partido de Ledesma, Jujuy. Después de pasar por distintas unidades penales y por el centro clandestino de detención Guerrero, fue liberado en abril de 1978. 

"Las marcas son de todo tipo, físicas, psicológicas y sociales, porque todavía hoy la sociedad de Ledesma sigue siendo muy cerrada", explica Ernesto, a quien todavía le tiembla la voz cuando comienza a relatar los hechos. En aquel entonces tenía 23 años y era empleado administrativo en el ingenio Ledesma. Estaba casado y tenía un bebé de siete meses.

Cuando el 20 de julio de 1976 se produjo el primer apagón, él se encontraba festejando el cumpleaños de su madre en la casa de ella. Al principio no los sorprendió, así que sacaron velas y continuaron con el agasajo, pero a los pocos minutos comenzaron a escuchar el movimiento de los autos que frenaban y arrancaban velozmente, y seguido a esto los gritos y los ruidos de las puertas pateadas. Entonces comenzó a invadirlos el miedo y Ernesto decidió que pasarían la noche allí.

Al día siguiente, cuando fue a su casa –vivían con su abuela- le dijeron que lo habían ido a buscar a la noche y que le habían dejado una nota diciéndole que se presentara a la seccional 24 de policía. Y Ernesto, que ni siquiera sospechaba que Argentina estaba en el mismo infierno, se presentó.
"Ahí me dijeron que quedaba detenido a disposición de las autoridades militares, y me enteré del raid de la noche anterior. Escuché que habían levantado por lo menos a 200 personas y que algunos ya habían sido trasladados a Jujuy", recuerda.
A las 14 fue trasladado a la central de policía de Jujuy, a donde lo ingresaron por la puerta de atrás. Allí, el jefe de la central de operaciones de la policía, Ernesto Jaig, y el subcomisario, Damián Vilt lo recibieron a golpes, le ataron las manos, y lo tiraron sobre una cucheta donde pasó toda la tarde.
Antes de la noche lo trasladaron en un Ford Falcón del Ejército a su futuro destino: el centro clandestino de detención Guerrero. "Eso lo pudimos identificar recién en 1984, porque alcanzamos a ver que íbamos por la ruta 9", explica.

El número 56

Al llegar a Guerrero, Ernesto se convirtió técnicamente en un desaparecido. Su familia desconocía su paradero, estaba incomunicado y al ingresar le quitaron el documento y asignaron un número
La voz de Olga Arédez. A pesar de su salud ya deteriorada, Olga camina desde Calilegua a Ledesma. Con sus palabras, las ultimas en ese espacio multitudinario, se dio por finalizada la "Marcha de los Apagones" del año 2004.
"A partir de ahora sos el 56", recuerda y agrega: "Te juro que todavía tiemblo cada vez que lo cuento. Yo llegué a escuchar hasta el número 108".
Después de sacarle los pocos objetos personales que le quedaban lo tiraron sobre otras personas y recién entonces comenzó a reconocer gente y empezó a entender que estaba secuestrado, lejos de los derechos civiles y lejos de la libertad.
La historia allí adentro es conocida porque el accionar del aparato represivo, que incluía tortura física y psicológica, fue un común denominador de todos los centros clandestinos que se extendieron de norte a sur del país.
Vendados, tabicados, golpeados, hacinados, hambrientos, desposeídos de sus bienes y de sus identidades, muchos de los desaparecidos de los apagones estaban en Guerrero, resistiendo el dolor.
"El obispo José Miguel Medina estaba en las salas de tortura. Yo escuché que estaban llevando a declarar y pedí que me llevaran porque quería explicarles que yo ya no militaba en ningún lado. Se declaraba al lado del baño, en una habitación donde había un tipo que te hacía preguntas mientras los demás te torturaban", explica detalladamente, sin poder y sin querer borrar los detalles de su mente.

"Yo creo que pensaron que estaba vinculado con la guerrilla tucumana porque yo había estudiado en Tucumán, pero yo no militaba. Y obviamente no me creían. Yo estaba vendado pero me ponían delante a compañeros que me acusaban de estar en el ERP que seguramente estaban presionados. Hasta que uno dijo que yo no andaba en nada", cuenta.

Allí estuvo 13 días, hasta que al principio de agosto, los trasladaron de vuelta a la policía central. Y de ahí a la comisaría de Villa Gorriti en Jujuy donde quedaron a disposición del PEN.

Aparecidos, pero subversivos

Cuando llegaron a las celdas que tenían asignadas en la comisaría había un cartel arriba que decía "subversivos". Dos semanas después volvieron a ver al obispo Medina, quien en su homilía no perdió el hábito de "apretarlos".
"Muchachos, ustedes no hablaron y tienen que hablar, yo me ofrezco a pasar por cada celda a escucharlos. Lo que las fuerzas de seguridad están haciendo es por la patria", les dijo, esta vez, amistosamente.
Como eran presos "legales" podían tener comunicación con la familia por carta.
El 7 de octubre los trasladaron nuevamente, esta vez a la Unidad 9 de La Plata. "Allí llegamos 78 hombres jujeños, entre ellos el médico Luis Arédez. A las mujeres que habían estado con nosotros en Guerrera las llevaron a Devoto. Allí nos trataron mejor porque estaba Amnesty y la Cruz Roja Internacional que iban de visita al penal".

Y vueltos a desaparecer

En julio de 1977 el presidente de facto Jorge Rafael Videla inició una "gira" por el norte del país. Como una forma de asegurarse que no fuera a haber ningún atentado –sobre todo en la zona noroeste- las fuerzas armadas trasladaron como "rehenes" a dos o tres personas de las distintas provincias que conforman el Tercer Cuerpo del Ejército.
Entre ellos estaba Ernesto, quien fue sacado de la U9 de La Plata, y llevado hasta Córdoba, donde se encontró con compañeros de otras localidades.

"Lo hicieron sin decirle nada a nuestra familia, para quienes volvíamos a estar desaparecidos, fue terrible para ellos, y también para nosotros, porque en cada traslado pensábamos que nos iban a matar – recuerda – cuando llegamos a destino nos informaron que éramos rehenes y que si le pasaba algo a alguien del ejército nos fusilaban. Esos días estuvimos incomunicados".

¿El fin de la odisea?

En octubre de 1977 lo llevaron a Sierra Chica, Partido de Olavarría, en Buenos Aires. Fue una nueva aparición. Allí los detenidos reanudaron el contacto con sus familias, les permitían salir al patio a tomar sol y hasta les dejaban leer el diario.

"Un día leo en el periódico que me iban a liberar. Empiezo a preguntar y me dicen que sólo falta la aprobación del ejército", explica.
La libertad llegó el primer domingo de abril de 1978. "Salimos con dos compañeros, no teníamos ni plata, ni ropa. Era un domingo, me acuerdo perfecto porque era día de visita. Lo primero que hicimos fue ir a un bar y pedir una gaseosa, y la gente se agolpaba para pagarnos, fue muy emocionante", recuerda.

De Olavarría, Ernesto fue primero a Buenos Aires, y después consiguió ir a Córdoba con un compañero. Allí durmió una noche, y consiguió pasaje para ir a Jujuy en tren.
"Cuando llegué a Jujuy mucha gente se había ido. Yo decidí quedarme porque allí estaba mi mujer con mi hijo", explica justificando su permanencia. Y agrega: "Nos costó mucho insertarnos socialmente Cuando me veía venir la gente cruzaba de vereda y no faltó quien comentara por lo bajo ‘algo habrán hecho’".
Al poco tiempo consiguió nuevamente empleo en el Ingenio Ledesma, pero ahora como obrero de limpieza. Luego pasó a ser ayudante químico. Hasta que en 1981 tuvo la posibilidad de hacer un curso de Educación Física y comenzó a dar clases a la vez que a estudiar para maestro de grado. Finalmente se recibió y dio clases en Libertador General San Martín.
"Acá una de las peores cosas que dejó la dictadura fue la cultura del miedo. Yo tuve un poco de miedo al principio, pero cuando las vi a las madres luchando enseguida me plegué a ellas", explica.
Hoy, además de ser un reconocido docente del pueblo, es uno de los sobrevivientes que trabaja en la lucha por mantener viva la memoria y por buscar justicia

Olga Márquez de Arédez, un pilar de la lucha

Fue uno de los signos más emblemáticos de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Desde que organizó en 1983 la primera marcha para reclamar por la aparición de su esposo hasta que murió, en 2005, no dejó de dar testimonio.
Olga Márquez de Arédez fue uno de los signos más emblemáticos de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia de Ledesma. Desde que organizó en 1983 la primera marcha alrededor de la plaza para reclamar por la aparición de su esposo - secuestrado el 27 de julio de 1976 en una de las noches de Los Apagones- hasta que murió en 2005, no dejó de dar testimonio.
El matrimonio Arédez, Olga y Luis, llegaron a Libertador Gral. San Martín en 1958. Venían de su tierra natal, Tucumán, pero decidieron probar suerte en esa parte del noroeste argentino.
Al poco tiempo de llegar, Luis consiguió trabajo en el Ingenio Ledesma, empresa que controlaba y -aún controla- la economía de la zona. Él era médico y su primer enfrentamiento con los dueños de la firma fue por reclamar mejoras en las condiciones sanitarias de los trabajadores de la zafra. Pero esta no fue su única "conducta sospechosa" ante los ojos de sus patrones: también brindaba atención gratuita a las familias pobres.
Unos meses más tarde fue despedido por "proporcionarle demasiados medicamentos a los empleados". La relación con el Ingenio Ledesma había terminado, o al menos eso era lo que Arédez creía.
Por su trabajo social, rápidamente fue querido y respetado en el pueblo, donde llegó a ser intendente hasta que, ni bien instalada la dictadura, fue secuestrado por unos meses y liberado. Pero poco tiempo después, el 27 de julio de 1976, fue llevado de su casa nuevamente, y esta vez en forma definitiva.

"Yo recuerdo que lo vi en octubre de 1977, cuando nos trasladaron de la cárcel de Villa Gorriti de Jujuy a la Unidad Penal 9 de La Plata", señaló Ernesto Samán, un sobreviviente de "La noche del Apagón".

Si bien algunos de sus compañeros han testimoniado que estuvo con vida hasta 1977, en un momento se perdió el rastro y hoy es un integrante de la lista de desaparecidos argentinos.
Fue entonces cuando Olga, quien había quedado sola con sus cuatro hijos, comenzó a luchar para averiguar dónde se encontraba su marido. Primero estuvo acompañada, pero con el tiempo, el miedo, la resignación o el cansancio se fueron apoderando de sus compañeras y se fue quedando sola.

"Recuerdo que la veía dando vueltas sola en la plaza cada jueves y me llamaba mucho la atención. Hasta que un día me acerqué y comenzamos a hablar y me contó su historia", relató Julio Gutiérrez, miembro de CAPOMA (Centro de Acción Popular Olga Márquez Arédez por los Derechos Humanos).

Y así, pese a las advertencias que le hacían de que no se acercara a ella - aún cuando la dictadura había caído ya hacía al menos tres o cuatro años – Julio se hizo amigo de Olga y de sus hijos y, junto a otros jóvenes, empezaron a colaborar con las madres de Ledesma.
Pero además de la lucha por la aparición de su esposo, acompañó todos los reclamos de justicia que pudo e impulsó un juicio contra la empresa Ledesma para que cese la contaminación de bagazo –el desecho de la caña de azúcar- que los enfermó a ella y a tantos de sus vecinos.
Las jornadas anuales en memoria "La noche del Apagón" son también su legado, una actividad que hoy continúan quienes la conocieron, la admiraron y aprendieron de ella el valor de la militancia por los derechos humanos.
"Era una mujer con mucha fortaleza. Cuando nosotros nos emocionábamos ella nos decía: compañeros, ya hemos llorado bastante, ahora hay que seguir para adelante, hay que continuar con la lucha", recuerda –emocionado- Samán.
Olga Márquez de Arédez murió en Tucumán, el 17 de marzo de 2005, como consecuencia de un tumor en sus pulmones, provocado por el bagazo.

Citación de Carlos Pedro Blaquier a la justicia

El 26 de abril de 2012 el fiscal federal de la provincia de Jujuy, Domingo Batule mandó a realizar dos allanamientos a dependencias de la empresa, el fiscal ordenó la indagatoria de Carlos Pedro Blaquier (presidente del ingenio Ledesma desde 1970), siendo citado el 11 de mayo a declarar el 17 del citado mes,en el marco de una causa que investiga violaciones a los derechos humanos acontecidos durante el Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983). El juez Fernando Poviña le prohibió salir de Argentina al empresario del ingenio jujeño, además mandó a detener a cuatro policías que habrían estado implicados en la noche del apagón. Así mismo, el abogado querellante, Pablo Pelazzo confirmó que Alberto Lemos (administrador de la empresa en la época del apagón) también tiene prohibida la salida del país, además deberá prestar declaración al día siguiente que Blaquier,5 caso igual para el jefe de personal, Mario Paz de Ledesma en esos años.
El 19 de mayo del mismo año, la querella confirmó que solicitará la captura internacional de Blaquier, una vez que la Dirección de Migraciones confirme oficialmente el rumor de que salió del país.

Referencias: La Noche del Apagon en Ledesma.

                   Empresa sospechada de cómplice de la represión/ Pagina 12

                   Un fiscal pidió indagar a Blaquier/Pagina 12

                   Citan a declarar al dueño del ingenio Ledesma.../ La Nacion